“SOMOS PERRO MATANDO PERRO”: El caso de Cristóbal Sánchez y la postura de México hacia Estados Unidos

June 12, 2019

“La criminalización consiste en quitarle a alguien la posibilidad de respetar las leyes. A las personas que se les criminaliza se les excluye de la justicia… se les excluye de la protección de la ley, pero no del castigo de la ley o de ser regulados o disciplinados por la ley.”

Lisa Marie Cacho

 

Cristóbal Sánchez y la comisión de la comida caravana migrante 2018. FOTO: Irving Mondragón.

 

Cristóbal Sánchez ha defendido y ayudado a las personas migrantes que por estar criminalizadas -por la absurda razón de no tener documentos de viaje- no son merecedoras de la protección de la ley. Él ha protestado con acciones de ayuda contra el castigo y la regulación de leyes injustas que violentan los derechos de las personas migrantes. Él ha luchado para que las personas migrantes ejerzan sus derechos y, que, de esta forma, se les respete. Esta manera activa de defensa de derechos humanos no encaja en el humanitarismo típico de la iglesia católica (salvo en su vertiente de la teología de la liberación) en el que las personas son sujetos pasivos a los que hay que “otorgarles” derechos que no poseen.

 

La manera en que él se ha solidarizado con los pasados y recientes flujos migratorios de miles de personas no es convencional, pero eso no lo hace un criminal o un “incitador” de caravanas migrantes -es decir, de desplazamientos forzados y criminalizados-, así como lo declaró Alejandro Vila Chávez, delegado estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, el 6 de mayo de 2019.

 

Desde mayo o quizás desde antes, Alejandro Vila y su equipo ya investigaba a Cristóbal Sánchez y otras personas solidarias con los migrantes pues declaró que “dentro de muy poco va a haber resultados específicos. Hay tanto mexicanos como extranjeros. Porque para que salgan de su país necesitan que alguien les incite, les diga y los convenza”.

 

Ante este caso de criminalización es necesario señalar un par de cuestiones. Primero sobre la migración, segundo sobre las actividades de Cristóbal Sánchez y tercero sobre las caravanas.

 

La migración masiva en tránsito por el territorio mexicano hacia Estados Unidos de personas provenientes de Centroamérica y de otras partes del mundo, no está incitada por ningún grupo de traficantes.

 

La migración internacional masiva es la consecuencia tangible y visible en nuestras sociedades y comunidades de una política-económica específica y global. Esta política es la que llevó a México a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a que los gobiernos mexicanos del último cuarto del siglo pasado hayan abandonado el interés público para darle preferencia al interés privado y económico. Esta política económica, también llamada neoliberal, incrementó de manera exponencial el flujo de mexicanos indocumentados a Estados Unidos en la década de los ochenta y los noventa.

 

Al neoliberalismo también se le llama globalización y es la fase más actual o moderna, como se prefiera llamar, del capitalismo contra el que -según Alejandro Solalinde entrevistado en el noticiero de Carmen Aristegui- López Obrador está luchando.

 

La migración masiva es una consecuencia de un capitalismo en expansión que considera los derechos humanos como un costo y no un beneficio, por lo que exige que los gobiernos repriman las consecuencias sociales que ha provocado la caída del interés público frente al económico.

 

Por ello es difícil creer que López Obrador está luchando contra este capitalismo cuando utiliza la represión del flujo migratorio como moneda de cambio para frenar una imposición de aranceles a los productos mexicanos.

 

La negociación abierta y pública que hace el gobierno mexicano entre asumir los costos de las políticas neoliberales en países como Honduras a cambio de “beneficios” comerciales con EEUU, convierte a los humanos en mercancía.

 

La migración no se incita, a nadie se tiene que convencer de migrar, la migración es un desplazamiento forzado de personas obligadas a abandonar los espacios donde el capitalismo necesita entrar. Con ello, hablar sobre “incitadores” a la migración y acusar a las personas que ayudan a que los derechos se ejerzan es convertir la solidaridad en un crimen.

A Cristóbal Sánchez se le acusa, dice la Fiscalía General de la República (FGR) “por supuesta introducción de personas a territorio nacional sin la documentación correspondiente”.

 

Para empezar, una persona sin documentos de viaje incurre en una falta administrativa, y esto no constituye un delito; así se detalla en los artículos 69 y 70 de la Ley de Migración mexicana. Una persona que migra no es un criminal. La persona que se solidariza y ayuda a los flujos de migración forzada no es un traficante de personas. Las organizaciones que reciben donaciones para ayudar a las personas obligadas a migrar tampoco son traficantes de personas, porque en ese caso mayoría de las casas de migrantes de la iglesia católica que han recibido donaciones serían consideradas casas de seguridad administradas por coyotes, lo cual no son.

 

Desde la caravana masiva del 2018, Sánchez se solidarizó con las personas que llegaban a la ciudad de Tapachula, la mayoría proveniente de Honduras. El fotógrafo Irving Mondragón, quien ha documentado los flujos migratorios, da su testimonio sobre Cristóbal: “Él vino para apoyar…  y armamos una cocina porque nadie estaba comiendo y ahí estuvo siempre al pie del cañón… porque no había comida… después de que fue atacada toda la caravana, él se puso dar comida por abajo, por las rejas”, cuenta el fotoreportero sobre los sucesos en el Puente Fronterizo Roberto Robles, acceso a Ciudad Hidalgo, Chiapas.

 

 

Cristóbal Sánchez a la izquierda. Foto: Irving Mondragón.

 

La cuestión es que Cristóbal Sánchez no pertenece a ninguna institución que lo proteja lo que hace que su solidaridad hacia la población migrante sea doblemente peligrosa. Esto es aún más evidente cuando la información sobre todas las causas por las que se le acusa se mantiene clasificada como “reservada” por la FGR, dice un informante que prefiere mantener el anonimato.

 

Junto con Amelia Frank-Vitale, antropóloga de la ciudad de Michigan, Cristobal Sánchez realizó una colaboración fotográfíca basada en las caravanas-viacrusis de los años de 2017 y 2018 en la que construyeron mapas tridimensionales que representaban la ruta y las variedades de violencia a las que los migrantes enfrentan en su tránsito por el territorio mexicano.

AFICHE

 

Las fotos de Cristóbal se presentaron en el museo de Antropología e Historia en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras en el 2018, así como en distintas partes de ese país. Mostrar en un país como Honduras los problemas de violencia asociados con la ruta migratoria suena más a una forma de prevenir la migración más que incentivarla.

 

Su mayor preocupación era exhibir la cara de personas cuyas expresiones le habían removido las tripas. “Híjole eso sí no me lo perdonaría”, solía contar Sánchez antes de la exposición. Las acciones de Cristóbla siempre han estado encaminadas a la protección de las personas migrantes, por lo cual suena completamente fuera de lugar que él busque algún tipo de lucro con sus actividades. En este sentido, desde sus inicios, las caravanas o contingentes numerosos de personas migrantes cruzando la frontera han sido una forma e iniciativa propia de estas personas, en la mayoría de los casos, de protegerse de la violencia que enfrentan. Las caravanas organizadas han sido siempre una forma de protesta y unión.

 

Las caravanas de personas migrantes

 

En el año 2011, Cristóbal Sánchez se encontraba tecleando en la computadora de un cuarto en obra negra que se utilizaba como oficina en el Albergue Hermanos en el Camino, dirigido por el Padre Alejandro Solalinde en Ciudad Ixtepec, Oxacaca.

 

Cristóbal Sánchez, junto con otras personas y organizaciones idearon y articularon la caravana “Paso a Paso hacia la Paz”, una de las primeras en su tipo, la cual se organizaba alrededor de la visita del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus familias Felipe González. Esta caravana era un acto de protesta ante los secuestros masivos de personas migrantes que ya habían perpetrado la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE) participó en esa ocasión.

 

Tanto Cristóbal como el padre Solalinde y muchos otros más, ayudaron a más de un ciento de personas migrantes, algunas víctimas de secuestro, a llegar a Tierra Blanca en el estado de Veracruz a donde iría el relator a escuchar sus testimonios. En el camino se sumaron muchas más personas migrantes quienes se incorporaron a la caravana. Ayudar a desplazarse a estas personas no fue en ese entonces ni es, actualmente, ilegal. En esas fechas hubo autobuses que trasladaron a las personas y eso no convirtió a los organizadores de esa caravana en un grupo de coyotes. Ayudar no es lucrar.

 

Unas semanas antes del inicio de la caravana Paso a Paso hacia la Paz, Cristóbal se encontraba en un centro botanero en uno de esos barrios de la ciudad de Tapachula donde muchas mujeres centroamericanas terminan trabajando de manera forzada.

 

Cristóbal investigaba cómo esas mujeres habían terminado ahí. En este lugar clandestino, la policía fronteriza decidió hacer una redada. Cristóbal la grabó. Los policías lo golpearon, le rompieron la nariz y lo echaron a una especie de celda en las instalaciones de la PGR de esa ciudad. Hubo tiempo de intervenir y antes de que lo transfirieran al penal de Tapachula bajo cargos fabricados, terminó detenido en una oficina de la antigua Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Migrantes de Chiapas, ensangrentado y golpeado. “No pudieron darme un golpe en la cara porque lo esquivé y me dieron un cabezazo”, eso contaba Sánchez sobre el abuso policial en aquella ocasión.

 

Las acusaciones a Cristóbal Sánchez, más bien obedecen, como lo mencionó Mariana Zaragoza del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la Universidad Iberoamericana, a la postura del nuevo gobierno mexicano en cuanto al tema migratorio y a la solidaridad que Sánchez siempre ha mostrado hacia las personas migrantes.

 

La posición del actual gobierno es clara: las acciones solidarias del pueblo mexicano hacia las personas migrantes serán estereotipadas como actividades criminales. El nuevo gobierno reprimirá con la nueva policía militar concretada en la Guardia Nacional a los flujos migratorios que intenten cruzar el territorio mexicano.

 

La detención de Cristóbal Sánchez y el reciente envío de 6,000 elementos más de la Guardia Nacional a la frontera sur es la carta de presentación del gobierno de López Obrador hacia el gobierno estadounidense, y un mensaje claro sobre su postura ante los derechos humanos: obedecer y reprimir. Las declaraciones en el evento en Tijuana el pasado domingo 9 de junio en el que el gobierno de Obrador declara que haremos todo lo que Estados Unidos quiera en materia migratoria, nos han convertido oficialmente en el perro policía de una frontera extendida de un imperio moderno.

Una vez, años atrás, hablando con Cristóbal Sánchez, él decía, decepcionado, sobre la actitud de los gobiernos mexicanos que sirven de filtro y guardián de la frontera estadounidense y reprime el flujo migratorio que se dirige hacia ese país: nosotros solo somos perro matando perro.

 

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